La respuesta del Estado ante la pretensión de su ruptura

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El gran reto que tiene España como país es su articulación territorial, especialmente, ante el desafío separatista planteado. Un gran país como el nuestro no puede estar impasible, sus instituciones no pueden dudar las respuestas -y el conjunto de la sociedad tiene que tener nítida la reacción-, frente a quienes, desde hace unos años, vienen trabajando con total impunidad para romper la Nación española.

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Cuando en una parte de España se adoctrina a los niños contra lo español, y se les riñe si usan la lengua común, segundo idioma del mundo; cuando en los medios de comunicación públicos se manipula a los ciudadanos pretendiendo generar el odio a España, como si fuera un país extraño, ajeno, opresor y “ocupante”; y cuando desde las instituciones autonómicas –cuya vigencia existe por la Constitución y el Estatuto autonómico- se dan los pasos, y las decisiones, y se adoptan normas para romper el Estado, para violar la Constitución y el propio Estatuto autonómico de Cataluña, es preciso atajar con determinación la violación de la Ley, la ruptura del Derecho, el desprecio a la convivencia que supone dividir a la sociedad, el partir por la mitad a los pueblos, el falseo de los datos, de la realidad, de la Historia.

Es inadmisible que unos poderes públicos propicien la distinción entre buenos y malos ciudadanos, persiguiendo, señalando, descalificando a quienes no están dispuestos a aceptar la imposición del sectarismo rupturista. Y es intolerable, atendiendo a la historia de los siglos, atendiendo a la estructura social, atendiendo a una sociedad abierta y plural, se diga que tal o cual territorio no es España, cuando lo ha sido, básicamente, y en términos generales, desde la época de la Hispania romana.

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Frente al desafío rupturista, no es suficiente –se ve con claridad- la amenaza de resoluciones judiciales: Advierten que seguirán adelante, con fondos públicos, instrumentos públicos, instituciones públicas, para romper el Estado y crear otro. De ahí que un Estado serio tiene que anticiparse a los hechos consumados; y debe limitar los márgenes de acción de quienes violan el propio Estatuto catalán.

Un Estado no puede avergonzarse de defender su unidad, su cohesión, y de imponer con claridad la Ley y el Derecho. Por eso, hay que prohibir y revertir la deriva de la tergiversación y la manipulación de la enseñanza que pretende inculcar la separación contra España: y ahí, introducir contenidos claros en la práctica educativa: hay que reforzar las competencias de las fuerzas de seguridad del Estado allí donde se considere oportuno; y hay que ejercer una tarea activa permanente del Estado para impedir acciones y campañas contra los lazos que nos unen.

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Y en cumplimiento de la Constitución, utilizar el artículo 155. ¿Eso es acabar con la autonomía catalana? No: es obligar a un gobierno autonómico a cumplir su propio Estatuto, a respetar el Derecho, a no ir contra el interés general de España. Y un gobierno y unas Cortes no pueden avergonzarse de cumplir la Ley y la Constitución. Aplicar el artículo 155 CE es para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Cataluña, que los rupturistas quieren destruir. Y es que, a fin de cuentas, un Estado no puede dudar cuando de su unidad, de su fortaleza, de su cohesión y de su vigencia histórica, se trata.

El Club de los Viernes
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Manuel J. Morán R.
Doctor en Derecho y profesor de Universidad. Amante del constitucionalismo, de la Historia, de la Literatura y del Derecho. Doble vocación: la enseñanza y el interés por la cosa pública, desde el pensamiento y desde la acción.

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