¿Impuestos contra la obesidad?

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Nuevamente se reabre un cada vez más polémico e intenso debate acerca de los abusos en materia de consumo de azúcar. En este sentido, se está estudiando poner un impuesto sobre aquellos productos (bebidas y alimentos azucarados) ricos en azúcar. Y no es una cuestión baladí, ya que las muertes anuales provocadas por el consumo excesivo de este tipo de productos está cuantificada, cifrándose en más de 184.000. Además, genera unos gastos anuales de 7.240 millones de euros en el sistema sanitario público británico, donde ahora se reabre el debate sobre si se debería o no aplicar el citado impuesto.

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El informe que ha elaborado la Comisión de Sanidad del Parlamento británico (Partido Conservador) plantea “combatir la obesidad infantil” que afecta, principalmente, a los más desfavorecidos, que tienen el doble de riesgo. Según la presidenta de la Comisión, la obesidad afecta a un tercio de los jóvenes graduados en Primaria.

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Por otro lado, la Federación Alimentaria y de Bebidas de Reino Unido ha acusado a la Comisión de estar sesgada e influenciada por los grupos de presión ya que, según indica, los consumidores ya soportan miles de millones de euros en impuestos.

Este debate recuerda al experimentado por las industrias del tabaco y el alcohol. Pero también al del propio azúcar, ya que existen países que gravan con un impuesto estos productos, como Francia, que aplica un impuesto especial sobre las bebidas azucaradas. Además es un debate que ha aflorado en la mayor parte de economías desarrolladas.

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Este tipo de impuestos se conoce con el nombre de impuestos pigouvianos, y buscan corregir una externalidad negativa, de modo que el impuesto incluya el coste que tiene para la sociedad el consumo de un determinado producto, en este caso, los alimentos excesivamente azucarados.

Lo cierto es que no hay consenso en esta cuestión porque aceptar un impuesto pigouviano sería aceptar que existen “fallos en el mercado”, lo cual abre un debate no sólo sanitario, sino también político, económico y social. Además, se acusa a los respectivos gobiernos de aplicar un gravamen con fines recaudatorios, lo cual enfrenta a la población y causa más disenso.

 

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Editorial
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